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REPORTAJE: Diálogo, pero en voz baja

NoticiasLUCÍA ABELLÁN - Madrid - 24/01/2010

Antes siquiera de arrancar la negociación sobre la reforma laboral, los agentes sociales han ganado la partida. Sindicatos y patronal se saben importantes en un proceso por el que el presidente del Gobierno ha trastocado las fechas que comprometió en el Parlamento. Con el beneplácito de José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Trabajo ha accedido a demorar 15 días su propuesta laboral para no importunar a empresarios y sindicalistas en sus conversaciones bilaterales. De igual modo aceptará cerrar un acuerdo tibio, sin grandes cambios legislativos, que garantice la firma de todas las partes y legitime el diálogo social, en horas bajas desde hace seis meses.

Aun con un acuerdo poco ambicioso, la foto con los agentes sociales cumple un doble objetivo: insufla confianza en la recuperación económica y sirve de aval al Gobierno, muy debilitado por la devastación de la crisis. También beneficia, al menos ante la opinión pública, a sindicatos y empresarios, que transmiten la imagen de estar remando para que el barco no se hunda.

Más que las propuestas reales, el Gobierno ha enfatizado en todo este tiempo lo que no se debe esperar de la llamada -quizás con cierta grandilocuencia- reforma laboral. No habrá rebaja del coste del despido ni reducción generalizada de cuotas a la Seguridad Social. Éstas eran las principales demandas de la patronal CEOE, que tendrá que conformarse con objetivos más modestos. Los sindicatos no han formulado peticiones tan ambiciosas, en gran medida porque siempre han sostenido que el germen de la crisis no procedía del mercado laboral y, por tanto, no era necesario cambiar el marco legal.

"Si este proceso no va acompañado de un cambio de modelo productivo, fracasará", vaticina Toni Ferrer, responsable de acción sindical de UGT. Con matices, el secretario general de CEOE, José María Lacasa, dice confiar en el diálogo aunque, en su opinión, "el mercado de trabajo necesita algo más de lo que está planteando el Gobierno". El negociador de Comisiones Obreras, Ramón Górriz, se muestra más confiado y niega que los planes del Ejecutivo persigan únicamente contentar a todos. "No se trata tanto de que no molesten a nadie como de reactivar la economía". No obstante, esta organización ha sido la más activa en pedir al Gobierno una prórroga para culminar el acuerdo de negociación colectiva. El pacto que ultiman patronal y sindicatos condicionará más la esencia del mercado laboral -salarios y empleo- que cualquier arreglo legal.

La clave de la minirreforma laboral reside en cómo mitigar la temporalidad sin herir a ninguna de las partes. El compromiso de "reducir la segmentación laboral" entre temporales e indefinidos figura en la estrategia de la economía sostenible que esbozó Zapatero en el Congreso a final de año, pero no hay pistas sobre cómo. "Tenemos muy claro que la clave es la flexiseguridad", afirma Lacasa. Esa fórmula consiste en combinar un marco de contratación y despido fácil con una protección social alta para los periodos de desempleo. Los sindicatos oponen que España carece de una red social tan tupida como para permitirse esa flexibilidad.

El elemento que más unanimidad concita es la necesidad de dar un impulso a los jóvenes. La tasa de paro en este colectivo se acerca al 40% y el Gobierno cree que ha llegado la hora de atenderlos. Con la idea de concentrar en ellos casi todos los incentivos a la contratación, se hará una revisión general de las bonificaciones, que cuestan 3.000 millones de euros al año. "Y los jóvenes son los menos bonificados", apunta Toni Ferrer, de UGT. Entre los cuatro grandes colectivos destinatarios de estímulos, la contratación de jóvenes es la menos premiada, con 800 euros anuales durante cuatro ejercicios.

"Estamos en condiciones de mantener bonificaciones sólo para jóvenes, mujeres maltratadas, discapacitados e inmigrantes", sostiene Ramón Górriz, de Comisiones Obreras. En la actualidad hay muchos más colectivos, entre ellos, las mujeres en general, los mayores de 45 años y los parados con familia a cargo. Trabajo insiste en que no se trata de ahorrar en las ayudas a las empresas, sino de orientarlas hacia donde más se necesitan.

Uno de los puntos ineludibles, muy a pesar de los sindicatos, es el papel de las empresas de trabajo temporal. El Ejecutivo se ha comprometido a adaptar, antes de mayo, una directiva europea que obliga a quitar trabas a ese sector. En la actualidad tienen prohibido intermediar en puestos fijos -la competencia corresponde a los servicios públicos de empleo- y operar en la construcción y en el sector público. Previsiblemente, el Gobierno eliminará esa veda y les permitirá colaborar con los servicios de empleo, poco activos en la colocación de trabajadores. Los sindicatos son reacios y, en caso de aceptarlo, exigirán supervisión pública.

También formará parte de la reforma la implantación del llamado modelo alemán. Consiste en incentivar a las empresas para que mantengan el empleo en momentos de crisis. El empresario reduce la jornada del trabajador y la parte correspondiente del salario, que abona el Estado. La empresa conserva así al empleado, éste su ocupación y las arcas públicas pagan una pequeña cantidad en lugar de la prestación por desempleo completa, una verdadera sangría para los Presupuestos del Estado. El modelo alemán ha perdido fuerza respecto a la formulación inicial, cuando se consideró el eje del salto laboral que requería España.

Más que en la ley, el sistema tiene visos de prosperar en el acuerdo de negociación colectiva, que debe estar listo antes del 5 de febrero. Ese día el Gobierno dará por terminada la tregua que le han pedido los agentes sociales con la presentación de su propuesta de reforma laboral. Tampoco tiene sentido demorar más la negociación de una guía para los convenios de 2010. "No nos podemos poner a vender paraguas en el mes de julio", ejemplifica el secretario general de CEOE.

Tanto empresarios como sindicatos creen muy probable el acuerdo salarial. "Se dan las condiciones para alcanzarlo", asegura el representante de CC OO. Más incierto es el tripartito. Fuentes de la patronal subrayan que vendrá condicionado, en buena medida, por el futuro de Gerardo Díaz Ferrán al frente de la CEOE y la resolución de sus problemas financieros. En la organización pesa la iniciativa de la fiscalía para investigar un posible fraude en Air Comet -la aerolínea dijo ayer haberse sometido "siempre al estricto cumplimiento de la legalidad"-, pues consideran que el Ejecutivo no es ajeno a ese movimiento. En el otro lado de la balanza, admiten un cierto apoyo gubernamental para que Díaz Ferrán halle financiación. Dos ideas contrapuestas cuyo peso se medirá en el diálogo social.

SALARIOS. La negociación bilateral
Contención a cambio de empleo

La negociación más avanzada, y la que tiene más posibilidades de influir en el mercado laboral, es la de convenios. La patronal y los sindicatos -el Gobierno no participa en este terreno- ultiman un pacto de salarios y empleo que sirva de guía para los convenios colectivos de este año y, previsiblemente, hasta 2012. Por el éxito de este proceso ha aceptado el Ejecutivo guardar en el cajón su reforma laboral a la espera de que los agentes sociales lo culminen.

Aunque las conversaciones van por buen camino, la parte más espinosa, la de política salarial, aún está por definir. Los sindicatos proponen una subida de entre el 1% y el 2%, con cláusulas de garantía por si la inflación se desvía por encima de esa horquilla. La patronal lo encuentra excesivo y aboga por un modelo inspirado en el que se ha aplicado este año a los funcionarios, según explica el secretario general de CEOE, José María Lacasa. Es decir, una subida del 0,3% "como parte baja de la banda". La inflación cerró 2009 en el 0,8%, aunque para este año se espera una cifra más cercana a la horquilla que sugieren los sindicatos. El pacto, que los agentes sociales no fueron capaces de firmar en 2009, debería estar listo la primera semana de febrero.

Comisiones Obreras y UGT aceptarán una mejora salarial por debajo de sus expectativas a cambio de compromisos en el empleo. Es decir, que, si vienen mal dadas, las empresas recurran a reducciones de jornada o suspensiones temporales de empleo antes de despedir. "Las cláusulas de descuelgue [las que eximen a la empresa de aplicar las mejoras por problemas económicos] deben vincularse al mantenimiento del empleo", explica Toni Ferrer, de UGT.

La CEOE exige un anejo al acuerdo que aborde asuntos nuevos como la flexibilidad de las empresas para organizarse en tiempos de crisis, la necesidad de reformar la negociación colectiva y el compromiso de incentivar el empleo juvenil y la jornada a tiempo parcial, poco ensayada en España.

DESPIDO. El término tabú
Sin espacio en la negociación

El coste del despido se ha convertido en un término tabú para esta negociación. Ni quien defiende abaratarlo -la CEOE- ni quien aboga por mantenerlo -el Gobierno y los sindicatos- aluden a él en sus discursos. Optan por encerrarlo en otra nomenclatura, como contrato de crisis, en el primer caso, o recorte de derechos, en el segundo. Es casi la única idea que el Gobierno se ha negado a debatir antes de arrancar el proceso.

Con el argumento de que instaurar un contrato con menor indenmización por despido no revitalizaría el mercado laboral -se necesitan incentivos para contratar, no para despedir-, el Ejecutivo resiste las acometidas de la CEOE y de numerosos expertos, que centran en esta medida su ideario de reforma laboral. Para ahuyentar los recelos, la patronal se esfuerza en recalcar que no existe recorte de derechos, pues el nuevo contrato no afectaría a quienes ya disponen de uno indefinido. Se trata de un argumento obvio, ya que los cambios legales no se aplican con carácter retroactivo y el recorte de derechos se produciría en los nuevos contratados respecto a los antiguos.

Lo cierto es que ya existe un contrato indefinido con despido más barato que el ordinario (33 días por año trabajado frente a los 45 tradicionales) y no tiene el tirón que cabría esperar si los empresarios consideraran ésta la mejor receta laboral. De los contratos fijos firmados cada mes, apenas un 13% corresponde a esta modalidad, según datos del Ministerio de Trabajo, pese a que se puede aplicar a casi todos los colectivos, salvo a los hombres de 30 a 45 años.

Descartada la idea del contrato único con despido más barato, un argumento que ahora también abandera abiertamente el Partido Popular, sólo queda una penalización al contrato temporal para intentar reducirla. Esto satisfaría a los sindicatos, pero soliviantaría a la patronal, por lo que es difícil que el Gobierno opte por esta vía.

ABSENTISMO LABORAL. La novedad de este proceso
Más flexibilidad de horarios

Nunca el diálogo social ha abordado el absentismo laboral, un problema del que la CEOE ha venido alertando, hasta ahora con poco éxito. El Gobierno no quiere dar la impresión de rehuir la materia, así que se inclina por incluirla en la reforma laboral, aunque sin tintes coercitivos. Se trata, según un portavoz del Ministerio de Trabajo, de intentar reducir las ausencias otorgando más flexibilidad en la organización laboral. Es decir, la posibilidad de adaptar los horarios de entrada y salida a las necesidades del trabajador, el fomento del trabajo desde casa, la evaluación por objetivos y no por jornada... una retahíla de medidas que defienden con ardor las empresas pioneras en conciliación pero que en España están poco extendidas.

La discusión se antoja compleja. Es difícil que este enfoque buenista -parte de la idea de que el trabajador faltará menos si tiene posibilidades de organizarse- satisfaga a la patronal, impulsora de este asunto como parte de la negociación. Y los sindicatos recelan de tratar el absentismo, al menos de forma aislada. "Se puede hablar de absentismo, pero también de la participación de los trabajadores en las mutuas", opone Ramón Górriz, de Comisiones Obreras. Las mutuas gestionan, por encargo de la Seguridad Social, los recursos previstos para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los sindicatos cuestionan su modo de operar, en ocasiones poco transparente, pese a la gran cantidad de dinero que manejan.

Vinculado a esta materia, la Seguridad Social ha puesto en marcha programas para reducir el gasto en bajas médicas cuando no estén justificadas. Aunque el objetivo último es atajar los abusos -la empresa paga, en general, los primeros 15 días de baja médica y la Seguridad Social, el resto-, el mayor control provoca, al mismo tiempo, una reducción del absentismo motivado por incapacidad temporal.

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