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La hora del ajuste y de las reformas laborales

NoticiasMIGUEL BOYER 26/05/2010

Es muy importante en la política económica tener en cuenta lo adecuado para cada fase de una crisis. El año 2009 fue la fase de la caída más fuerte, en todos los países, y estos se esforzaron por poner en juego medidas expansivas, con estímulos presupuestarios y monetarios. Casi nadie había previsto en Europa la profundidad de la crisis y la Comisión Europea, en el otoño de 2008, esperaba variaciones nulas del PIB -no negativas- para Alemania, Francia, Italia y solo -0,2 para España en 2009, cuando la realidad fue muy otra: -4,9; -2,2; -4,8; y -3,6, respectivamente.


El Gobierno español tampoco previó la dimensión de la crisis en 2009, pero esto no puede reprochársele, porque nadie es capaz de prever el instante de un shock, ni la hondura de sus efectos. Sí pecó de sucesivos anuncios optimistas respecto a la salida de la crisis, que, al no cumplirse, desgastaron la confianza en él, más aún de lo que ya desgasta cualquier crisis.

Este error y otros de comunicación con los ciudadanos no impactaron mucho, afortunadamente, en la política económica: el Gobierno "sí hizo los deberes" y desarrolló un paquete de estímulos que, por su dimensión, fue el quinto de la OCDE, tras los de Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia. Gracias a ellos, España tuvo la segunda caída menos mala del PIB, tras la francesa. Lo mismo hicieron todos los países, pese a las prédicas de los economistas de escuela hayekiana o rea-ganiana.

Las consecuencias de estos estímulos fueron unos déficits considerables y mayor endeudamiento, por todas partes. Ocurrió en países tan avanzados como Estados Unidos y Reino Unido, con déficit semejante al de España y más endeudamiento que ella.

En el otoño de 2009, el FMI y la OCDE, recomendaron a los Gobiernos mantener los estímulos para reforzar la incipiente recuperación y dejar para años posteriores los fuertes recortes de los déficits. Tanto es así que cuando la ministra Salgado preparó una subida del IVA muchos consideramos que era prematura. El tiempo le ha dado la razón: la desgracia griega, el negocio de los especuladores bajistas y las agencias de calificación, han desatado unas turbulencias financieras que han cambiado el panorama de las políticas económicas, de forma inesperada, en la primavera de 2010. La prioridad absoluta ha pasado, en toda Europa, de mantener estímulos a dar tajos al gasto público, para reducir aceleradamente los déficits.

Y de nuevo, el Gobierno está haciendo los deberes a su tiempo, con las duras medidas aprobadas el 20 de mayo. Quienes hablan de "medidas a destiempo y, por tanto, más duras", yerran. Estas medidas de ajuste no eran las propias para 2009, sino para la inesperada situación actual. Son imprescindibles y tendrán incluso que completarse con otras en el campo laboral.

Las orientaciones y medidas laborales más urgentes en el momento actual son las relativas al salario mínimo, a la negociación salarial y a poder contar con un contrato indefinido, con una indemnización por despido improcedente menor que la actual de 45 días, a comparar con los 30 días en Alemania.

Un salario mínimo demasiado alto, respecto a la remuneración media de los asalariados, tiene las consecuencias de impedir que sean contratadas las personas con menor formación profesional y la de mantener una tasa de paro estructural o mínimo muy alta. Esta es una de las ventajas de Estados Unidos frente a Europa, ya que su paro estructural es del 4,5%, frente a la media europea del 7% y el 10% de España (antes de la actual situación). No es progresista un crecimiento del salario mínimo mayor que el del salario medio, pues hará más difícil la reducción de la enorme bolsa de paro que ha dejado el desplome del ladrillo.

La descentralización de la negociación salarial viene recomendándose desde los años setenta del siglo XX, por la lógica económica que recomienda aproximar los salarios a las situaciones de cada empresa, en vez de a la media nacional. Los máximos representantes sindicales y empresariales deberían considerar el concertar una banda ancha indicativa, y dejar la fijación definitiva a la negociación en cada empresa, sin constricciones de los convenios regionales, de rama, etcétera.

Pero entre todos los problemas de la estructura laboral, el más importante ahora es el de establecer un contrato indefinido que reduzca la temporalidad.

El año pasado escribí un artículo sosteniendo que no era el momento -cuando estaban cayendo en el paro decenas de miles de trabajadores al mes- de plantear por el Gobierno a los sindicatos un nuevo contrato con indemnización reducida, que no iba a mejorar la situación. Hubiera parecido una provocación en una fase en la que no se hacían nuevos contratos, sino despidos. Ahora, esta medida es imprescindible.

La función fundamental de ese nuevo contrato es incentivar que el empleo que se cree sea estable y permita que los trabajadores adquieran una formación profesional, que las empresas se interesen en ellos y que les convenga no despedirlos en tiempos difíciles.

Las reformas laborales de 1984, de 1994 y de 1997 no consiguieron nada semejante. La primera incentivó y flexibi-lizó la contratación, pero al coste tremendo de aumentar la temporalidad: la tasa de temporalidad que era en 1983 del 4%, pasó a ser en 1993 del 33%. La reforma de 1994 intentó reducir la temporalidad, con nuevos contratos de aprendizaje y a tiempo parcial, sin conseguir el objetivo. Y la reforma de 1997, hecha por el PP, intentó de nuevo con un contrato indefinido, para personas entre 18 y 29 años, o de más de 45 años -¿y qué con los de 30 a 45?-, con indemnización de 33 días por año. Esta reforma tampoco varió la alta tasa de temporalidad. Como concluye Julio Segura en una excelente síntesis sobre estos fracasos, ha quedado demostrado que sin una reducción de la indemnización y una generalización a todos los que buscan trabajo será imposible un contrato indefinido que funcione.

¿Por qué es fundamental y necesario ahora ese contrato? A mi juicio, porque sería un pilar básico del cambio de modelo productivo que precisamos. La contracción de la construcción en 5 o 6 puntos del PIB, exige una formación de los trabajadores mucho mejor que la anterior, para nutrir el aparato productivo. Sin esto, la tasa de paro estructural, se mantendrá por encima del 10%. El Gobierno y los sindicatos que, con razón, desean una economía más productiva y con caídas soportables del empleo en tiempos difíciles, tienen una responsabilidad enorme.

¿En qué dañaría, si se respetan los derechos que tienen los trabajadores actuales, que se establezca un nuevo contrato, para asentar una economía de mayor estabilidad y productividad? ¿Cómo va a ser peor una contratación indefinida, aun con menor indemnización por despido, que la situación actual de un 50% de los jóvenes, sin arraigo en las empresas y despedidos cada 6 o 12 meses, o, incluso cada semana?

Un Gobierno puede pagar un coste electoral si afronta sus obligaciones en situaciones críticas, pero su deber y su grandeza es afrontarlas. No es inevitable que sea incomprendido por los ciudadanos. El ajuste y las reestructuraciones que tuvimos que hacer en 1983 y 1984 fueron muy duros y, sin embargo, Felipe González gobernó 12 años más. Una encuesta reciente de EL PAÍS, mostraba que más del 60% de los ciudadanos se quejaban -son humanos- de las medidas presentadas por Rodríguez Zapatero. Y, a renglón seguido, el 60% de ellos quería que la oposición apoyase estas medidas.

Como en la Transición y en las terribles crisis del petróleo quizá sepamos encontrar, en este momento tan difícil suficiente sensatez y solidaridad colectiva para posponer las bregas partidistas y unir las fuerzas para un nuevo gran éxito.

P. S. Después de enviar el anterior texto, he conocido la nota tosca y simplista del director del FMI. Lamento la coincidencia y espero que el señor Strauss-Kahn emplee el mismo tono y estilo cuando se presente a presidente de Francia, asegurándose así un fracaso, para bien de sus conciudadanos.

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